"Whistleblower", la figura del denunciante anónimo que recoge el proyecto antiabusos

En la lucha contra la corrupción, una figura que se utiliza en algunos países europeos y, particularmente en Estados Unidos, es la del denunciante anónimo o "whistleblower".

En la tradición anglosajona su incorporación a la normativa legal data de fines de 1700 y en Norteamérica son estos mismos personajes quienes a lo largo de la historia han destapado escándalos como el Watergate, que terminó forzando la renuncia del presidente Richard Nixon en EEUU; más tarde sacarían a la luz el escándalo financiero de Enron; y en los últimos meses, precisamente un denunciante anónimo ha puesto contra las cuerdas al presidente Donald Trump, quien está siendo acusado de presionar al gobierno de Ucrania para que éste interfiera en las elecciones presidenciales de 2020 -pidiendo que se investigue al hijo del candidato demócrata Joe Biden-. Acusación de la cual se defiende el mandatario estadounidense señalando al denunciante como "fakewhistleblower" (denunciante falso), en su particular estilo.

Todas estas historias han sido fuente de inspiración no solo de Hollywood, sino de varias normativas legales en todo el mundo por su alta efectividad y niveles de protección al informante. De hecho, la Unión Europea (UE) recientemente aprobó una regulación especial para estos casos, que implica la creación de una directiva de protección al denunciante y medidas concretas de resguardo, de manera que no quede en una simple declaración de intenciones.

Y es que tras distintos análisis comprobaron que el denunciante, en mayor o menor medida, siempre sale perjudicado, por las represalias económicas, laborales, físicas e incluso morales que afectan a la persona que acusa.

¿Cómo evitar estas consecuencias? Una de las formas que se debate es la garantía de anonimato al denunciante, tanto en el diálogo inicial como en la investigación -pero que tropieza con la ley de protección de datos europea-, y por otro lado, está la alternativa de la recompensa, como lo hace la Securities and Exchange Commision (SEC, por su sigla en inglés), organismo que resguarda el mercado de capitales estadounidense y que desde 2012 -cuando partió su programa de denuncias- ha entregado más de US$ 142 millones a 38 denunciantes, cifra menor frente a lo recaudado producto de las denuncias (cerca de US$ 1.000 millones).

La visión desde Chile

Para el académico y experto en derecho administrativo, Luis Cordero justamente el fondo del asunto no es solo contar con la posibilidad de tener denunciantes, sino que estén en el anonimato para efectos de que no hayan represalias, y además cuenten con mecanismos efectivos de protección. "Los problemas principales son que esas personas no necesariamente tienen garantía de estabilidad en sus empleos si los llegaran a detectar, por ejemplo. Por eso es tan importante la protección a denunciantes en general".

Por su parte, el ex presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca dice se trata de una "buena figura" para casos excepcionales, pero a su juicio, también se puede prestar para que se presenten denuncias infundadas, aunque advierte que eso puede ser controlado bastante bien por la Fiscalía Nacional Económica. "Le va a dar trabajo adicional a la FNE para separar la paja del trigo, cuáles son las denuncias serias y cuáles no, pero en algunos casos puede ser extraordinariamente útil y puede servir bastante para perseguir ilícitos que de lo contrario podrían no ser denunciados", concluyó.